Las cuestiones relacionadas con la justicia, las reparaciones y el conocimiento de la verdad deben ocupar un lugar destacado entre los objetivos de una sociedad. Si bien se reconoce que ha habido importantes avances en este sentido, ya que se ha dado la continuación y culminación de los juicios iniciados –aspecto vital para la lucha contra la impunidad-, las investigaciones y los enjuiciamientos derivados de ellas deben continuarse para encontrar la verdad y la justicia.

Desde la vuelta al gobierno civil en 1983, abogados, familiares de las personas que "desaparecieron" mientras el país estuvo bajo el gobierno militar y miembros de organizaciones no gubernamentales que investigan esas "desapariciones" han sufrido amenazas, acoso y agresiones.

El informe Anual de 2007 de Amnistía Internacional denuncia que en Argentina se registraron ataques y amenazas contra personas que participaron en juicios de ex miembros de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional considera que la protección de la seguridad de las víctimas, testigos y sus familiares constituyen un aspecto fundamental del debido proceso reconocido en la Constitución Nacional Argentina.

En consecuencia, las autoridades deben garantizar que las víctimas, testigos y sus familiares involucrados en procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos sean protegidos de cualquier amenaza, represalia o daño contra sus personas.

La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985) establece en sus artículos 4 y 6 que “las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional” y “se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia”.

Amnistía Internacional estima que el Estado Argentino debe Implementar un Programa Nacional de Protección de Testigos, Familiares y Víctimas de procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos y dotarle de recursos suficientes para su correcto y efectivo funcionamiento. También debe investigar las desapariciones y amenazas contra las víctimas, testigos y familiares de los procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos; y dar a conocer públicamente la investigación y sus resultados.