La comunidad internacional, a través de varias declaraciones, ha asumido el compromiso de contribuir con los Estados que carecen de recursos, para hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales a través de la ayuda y la cooperación internacional.

La violación de los derechos económicos, sociales y culturales no es una cuestión de ausencia de recursos adecuados, si no de falta de voluntad, negligencia y discriminación.

Todas las personas, sea cual sea su lugar de residencia, tienen derecho a vivir con dignidad. Esto significa que a nadie se le debe negar su derecho a la educación, a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua y al saneamiento, al disfrute del más alto nivel posible de salud y a otros derechos económicos, sociales y culturales.

El hambre, la falta de hogar y las enfermedades prevenibles no son problemas sociales inevitables ni la mera consecuencia de la falta de recursos: son el resultado de leyes, políticas y acciones que violan los derechos humanos de las personas.

Los Estados, a través de los gobiernos, son los principales responsables de hacer realidad los derechos humanos.

Los Estados deben cumplir con la responsabilidad de respetar, proteger y realizar:

• El derecho a una vivienda adecuada, que incluye la protección frente al desalojo forzado y el acceso a una vivienda accesible, habitable y culturalmente adecuada.

• Los derechos culturales, que incluyen el derecho de las minorías y los pueblos indígenas a la preservación y la protección de su identidad cultural.

• El derecho a la educación, que incluye el derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria y a una educación progresivamente disponible, accesible, aceptable y adaptada a cada persona concreta.

• El derecho a la alimentación, que incluye el derecho a no pasar hambre y el acceso permanente a comida nutritiva suficiente o a los medios para obtenerla.

• El derecho a la salud, es decir, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, incluidas unas condiciones de vida saludables y servicios de salud disponibles, accesibles y de buena calidad.

• El derecho al agua y al saneamiento, es decir, el derecho a contar con agua suficiente y a disponer de instalaciones higiénicas seguras y accesibles física y económicamente.

• El derecho al trabajo y los derechos laborales, es decir, el derecho a elegir libremente el trabajo y a gozar de unas condiciones laborales justas, protección frente al trabajo forzado y el derecho a formar sindicatos y unirse a ellos.