La preocupación por los derechos humanos en Honduras se ha intensificado desde que el presidente elegido democráticamente José Manuel Zelaya Rosales fue depuesto el 28 de junio y expulsado del país por un grupo de políticos respaldados por el ejército y encabezados por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional. Desde el golpe de Estado ha habido una agitación generalizada en el país, con frecuentes enfrentamientos entre la policía, el ejército y los manifestantes civiles. Al menos siete personas han muerto, según los informes, en circunstancias poco claras desde el 28 de junio. Desde el 21 de septiembre se han impuesto toques de queda esporádicamente, y a menudo sin apenas preaviso, que han dejado a la población pocas oportunidades de comprar comida y combustible.

Las tensiones han ido en aumento desde que el presidente depuesto Manuel Zelaya regresó a Honduras el 21 de septiembre. Las manifestaciones subsiguientes contra las autoridades de facto han recibido como respuesta una represión en gran escala por parte de las fuerzas de seguridad, que se ha saldado con numerosas personas heridas e informes sobre cinco personas muertas desde el 21 de septiembre. Aunque estaba previsto que una delegación de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos visitara el país el fin de semana del 26 de septiembre con el objetivo de conseguir una solución negociada, informes recientes indican que las autoridades de facto han propuesto un aplazamiento de varios días.

Una delegación de investigación de Amnistía Internacional visitó Honduras del 28 de julio al 2 de agosto de 2009. Sus miembros reunieron numerosos testimonios de primera mano sobre los abusos contra los derechos humanos que sufrieron los manifestantes. La delegación entrevistó a muchas de las 75 personas detenidas en la Jefatura Metropolitana nº 3 de Tegucigalpa después de que la policía, respaldada por el ejército, disolviera una manifestación pacífica el 30 de julio. El informe ilustra numerosos casos de malos tratos, incluidos golpes con porras, por parte de policías y soldados contra los manifestantes.

Durante la visita, Amnistía Internacional pudo confirmar que se están utilizando la detención y los malos tratos de manifestantes pacíficos como forma de castigo contra quienes se oponen abiertamente al gobierno de facto: otros manifestantes que apoyaban a este gobierno no sufrieron los mismos abusos. Los datos contenidos en el informe muestran que, durante las detenciones en masa de manifestantes a manos de la policía y el ejército, algunas mujeres y niñas sufrieron violencia de género.

Se cree que la situación de los derechos humanos fuera de Tegucigalpa es igual de grave o incluso más. Los controles a lo largo de las principales carreteras de Honduras están gestionados actualmente por militares o policías que, a menudo, retrasan o niegan la entrada de organizaciones de derechos humanos a zonas donde, según los informes, se están cometiendo violaciones de estos derechos.

Amnistía Internacional siente honda preocupación por que el uso excesivo de la fuerza, los malos tratos y las detenciones en masa para reprimir la disidencia sólo servirán para inflamar aún más las tensiones y dar lugar a violaciones graves de derechos humanos. La fuerza sólo debe emplearse en las circunstancias más extremas, y no como método para impedir a las personas el ejercicio de su derecho legítimo de manifestación pacífica.

Amnistía Internacional concluyó que se han impuesto restricciones a la libertad de expresión, y ha habido ataques contra periodistas, incluidos el cierre de medios de comunicación, la confiscación de equipo y agresiones físicas contra periodistas y cámaras que informaban de los sucesos.

AU: 255/09 Índice: AMR 37/006/2009 Fecha de emisión: 25 de septiembre de 2009
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