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La joven ha sufrido durante años los abusos sexuales de su padrastro, quien fue denunciado a las autoridades cuando se descubrió que la joven estaba embarazada.
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En febrero, la madre de la joven presentó una petición formal en el Hospital Regional de Chubut para que se le practicara un aborto a su hija. El hospital presentó una denegación por escrito, alegando que el caso no entraba en las excepciones permitidas a la prohibición del aborto en el Código Penal argentino. Estas excepciones permiten el aborto en los casos en los que la vida o la salud de la madre corra peligro.
Varias semanas después, el 10 de marzo, un juez del Juzgado de Familia nº 2 de Comodoro Rivadavia celebró una vista sobre el caso. Una junta médica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia dijo que el aborto aún era médicamente posible. Sin embargo, el 12 de marzo, el juez denegó la petición de aborto alegando que los derechos del feto prevalecían sobre el derecho de la joven embarazada a la vida y la salud, y argumentó que tanto la joven como el feto eran vulnerables.
Abogados argentinos han alegado que el ser víctima de abusos sexuales y violación afecta a la salud, refiriéndose a la definición de salud que ofrece la Organización Mundial de la Salud como estado de bienestar completo físico, mental y social.
Amnistía Internacional considera que la denegación de un aborto seguro y legal en casos de violación constituye una violación de derechos humanos. Es una manera de convertir en víctimas por partida doble a mujeres que ya han sufrido a manos de sus agresores sexuales. Desde la Organización también se considera que la participación del sistema judicial en casos como este no está justificada: Tal como se ha demostrado en este caso, la implicación judicial causa además demoras inaceptables en las decisiones sobre el aborto. Por ejemplo, la muchacha de este caso está ya embarazada de 23 semanas.
En otro caso similar, también en marzo, un juez de la Corte Suprema de Chubut resolvió que una joven ("A.G.") podía acceder al aborto, anulando así la decisión -confirmada en apelación- de un juez de instancia inferior. A A.G. ya se le ha practicado un aborto.
Lo que se pidió a las autoridades argentinas fue que
- las autoridades provinciales de salud a proporcionen la atención médica, incluidos el aborto y la asistencia psicosocial que la joven necesita, de acuerdo con los deseos de la propia afectada;
- las autoridades de salud federales, junto con las autoridades de salud provinciales, pongan en práctica sin demora protocolos que orienten a los trabajadores de la salud sobre la provisión de un aborto legal.
